Daniel Ottosson, de la Universidad de Södertörn, en Estocolmo (Suecia), es el autor del informe de 2007 de la ILGA (Asociación Internacional de Lesbianas y Gays) sobre los países que siguen criminalizando los actos sexuales consentidos y en privado entre adultos del mismo sexo.
En su lista figuran 85 Estados, miembros de Naciones Unidas.
Muchos de ellos no aplican de manera sistemática esas leyes homófobas aunque según dicen desde la ILGA "Su sola existencia refuerza una cultura donde el odio y la violencia están de alguna manera justificados por el Estado y obliga a la gente a permanecer invisibles y a negar quiénes son realmente".
El informe no recoge las leyes que se ocupan de los citados actos en público, de los que se ven envueltos menores de edad o de los forzados. Tampoco incluye los países en que dichos actos son legales.
Africanos y musulmanes, los más restrictivos
La práctica totalidad de países africanos y de los países musulmanes figuran en el informe Ottosson.
En los distintos códigos penales que criminalizan este tipo de actos sexuales muchos son los que imponen penas de, al menos, 14 años de prisión. Otros contemplan reclusiones en campos de trabajos forzados. Algunos, los menos, llegan a aplicar condenas de cadena perpetua y de, incluso, pena de muerte.
Muchos de los Estados que figuran en el informe lo que tipifican como delito es la sodomía, el sexo anal, por lo que las relaciones lésbicas no son consideradas delito. En cualquier caso, las relaciones entre mujeres suelen estar penalizadas con mucho menor dureza.
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